Noticias

El ajuste de los precios de los alquileres se realizará utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuando este indicador sea inferior al límite establecido por el Gobierno del 2%, como sucedió en el mes de junio, cuando se situó en el 1,9%. Así lo han comunicado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, resolviendo así una posible interpretación de las limitaciones introducidas en la Ley de Vivienda, que sugería que la renta podría actualizarse hasta el límite en los casos en que el IPC fuera inferior, lo cual perjudicaría al inquilino.

Antes del inicio de la guerra en Ucrania, los propietarios podían aumentar el alquiler a los inquilinos en la revisión anual del contrato en un porcentaje que no superara la variación experimentada por el IPC, tomando como referencia el último dato publicado en ese momento. Sin embargo, el incremento del IPC, que alcanzó un 10,8% en julio del año pasado, llevó al Gobierno a introducir en el real decreto de marzo de 2022, que aprobó medidas para mitigar las consecuencias de la guerra, una limitación "extraordinaria" de la renta de los alquileres. En concreto, el alquiler no podía aumentar por encima del último dato actualizado del incremento anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que, al igual que el IPC, es publicado mensualmente por el INE. El organismo explica que cuando el IGC supera el 2%, lo cual ha ocurrido de manera continua desde enero de 2022, se utiliza ese límite como referencia. Por lo tanto, los incrementos de los alquileres quedaron limitados al 2% durante las distintas prórrogas del real decreto.

En la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de mayo, el Gobierno y sus socios consolidaron esta limitación en la normativa. Así, hasta el 31 de diciembre próximo, los incrementos de los contratos sujetos a revisión serán los acordados entre las partes, aunque en el caso de los grandes tenedores de viviendas ese acuerdo estará limitado al 2% -lo cual no se aplica a los pequeños propietarios-. En ausencia de un acuerdo entre las partes, todos los contratos estarán sujetos a dicho límite. No obstante, las fuentes del Ministerio dirigido por Raquel Sánchez recuerdan que la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla en su artículo 18 la posibilidad de que los contratos no incluyan una actualización de la renta, por lo que si no se menciona expresamente, no habrá incremento en la revisión anual.

Montserrat Junyent, presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), afirma que la "gran mayoría" de los contratos incluyen una cláusula que vincula la actualización de la renta al IPC, lo cual forma parte del acuerdo entre las partes, tal como establece la Ley de Vivienda. Sin embargo, la duda surge en los contratos que contemplan una actualización pero no especifican el índice o la metodología. En este caso, el Ministerio indica que se aplicará el IGC "por defecto", aunque se podría establecer "cualquier índice o sistema" acordado entre las partes, siempre y cuando la actualización en este caso "no supere la aplicación del IPC". Jurídicamente, los inquilinos estarían protegidos en estos casos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que sigue impidiendo incrementos por encima del IPC, según reafirma Junyent.

Aunque la intención del Partido Popular es derogar la ley en caso de llegar al Gobierno, la Ley de Vivienda establece que en el año 2024, las revisiones anuales del precio del alquiler estarán limitadas a un aumento del 3% en caso de falta de acuerdo entre el propietario y el inquilino. Una vez más, la Ley de Arrendamientos Urbanos impediría que el alquiler suba más allá del IPC, protegiendo así al inquilino de que el alquiler aumente hasta un máximo del 3%, según las fuentes del Ministerio. A partir de 2025, si la normativa sigue en vigor, el Gobierno utilizará un nuevo índice creado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que según su intención será más estable y menor que la evolución del IPC. Este nuevo índice afectará a todos los contratos, al igual que la limitación actual. Según el Ministerio, los contratos firmados antes del 1 de enero de 2025 seguirán ajustándose al IPC, mientras que los firmados después lo harán en función de este nuevo índice, previa modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.