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El tema de las "prejubilaciones" se encuentra en el centro de la actualidad, no solo debido al grave impacto de retirar del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores a edades tan tempranas como los 45 años, sino también por el coste que esto implica para las finanzas públicas. Los desempleados mayores representan el 57% del desempleo registrado y consumen el 62% de las prestaciones por desempleo. Sin embargo, surge la pregunta de cuántos de estos individuos realmente están buscando empleo y cuántos se registran únicamente para recibir asistencia pública hasta poder jubilarse.

El cruce de los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa y los del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revela una brecha que, en septiembre, rondaría los 380,000 desempleados adicionales. Esto representa un aumento del 48% en comparación con la situación cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia en junio de 2018.

Existen dos tipos principales de "prejubilaciones": las relacionadas con bajas incentivadas, que son más costosas y ventajosas para los trabajadores, implicando una dimisión que no da derecho a prestación por desempleo, y las relacionadas con despidos, en las que las indemnizaciones y compensaciones se combinan con prestaciones y subsidios que acompañan a los trabajadores hasta su jubilación. Ambos casos generan "inactividad" desde el punto de vista de la Encuesta de Población Activa, ya que las personas dejan de buscar trabajo.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, se contabilizan 459,000 personas en esta situación, siendo la mayoría de ellos mayores de 50 años. A pesar de que esta cifra es la más baja en la serie histórica, no representa una mejora en la situación. La disminución se concentra en las dimisiones "de oro" que se destinaban a los trabajadores de mayor edad y mejor salario. Sin embargo, las relacionadas con despidos están en aumento.

Para que los "prejubilados" puedan recibir prestaciones, deben inscribirse como demandantes de empleo y se clasifican como parados registrados. Esto implica buscar activamente empleo y no rechazar ofertas adecuadas. Sin embargo, los servicios públicos de empleo tienen un número limitado de ofertas disponibles, lo que facilita el incumplimiento de este compromiso.

El resultado es que hay más desempleados mayores de 45 años registrados en el SEPE que los contabilizados por la EPA. En septiembre, el SEPE registró 1,547,028 "parados registrados", mientras que la EPA encontró solo 1,168,200 desempleados, lo que representa una diferencia de 378,828 parados adicionales, equivalentes al 25.4% del desempleo en el grupo de mayores de 45 años según el Ministerio de Trabajo.

Esta disparidad entre las estadísticas proviene del hecho de que muchas personas desempleadas no se registran en las oficinas de empleo porque no han cotizado lo suficiente para recibir prestaciones o no creen que les ayudará a encontrar trabajo. Esto se aplica especialmente a personas menores de 25 años y entre 25 y 44 años. En el caso de los mayores de 45 años, ha sido una situación recurrente. La diferencia entre ambas cifras ha aumentado un 48% desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia.

Este cambio en las prestaciones es un factor clave para que varias empresas anuncien programas de reducción de plantilla a partir de cierta edad, lo que también afecta a trabajadores más jóvenes a partir de los 45 años. Las indemnizaciones y compensaciones se combinan con prestaciones contributivas y subsidios, lo que se extiende hasta la edad de jubilación anticipada, que en 2027 variará entre los 63 y 65 años, dependiendo del caso.

En un momento en el que el desempleo entre los mayores de 45 años se incrementa y las oportunidades de empleo parecen disminuir, estos mecanismos resultan atractivos para los trabajadores, lo que lleva a que las negociaciones con los sindicatos se centren en estos aspectos. Los acuerdos resultantes son legalmente complejos, ya que mezclan "bajas incentivadas" (dimisiones) con despidos.

Ten en cuenta que los datos del Instituto Nacional de Estadística provienen de una encuesta, mientras que los del SEPE provienen de un registro, por lo que las cifras deben considerarse orientativas en lugar de precisas. No obstante, la existencia de esta brecha plantea una paradoja estadística, ya que generalmente se espera que el INE registre más desempleados que el SEPE, no al revés. El motivo es que muchas personas sin empleo no se registran en las oficinas de empleo debido a las restricciones en las prestaciones.

(El Economista, 27-10-2023)