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El Gobierno ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público para 2025 que rompe con la tendencia de los últimos años: por primera vez desde 2020, la cifra disminuye respecto a los ejercicios anteriores. En concreto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a 36.588 plazas, lo que supone un descenso del 8,8% en comparación con las 40.121 ofertadas en 2024, año que marcó el máximo histórico desde que existen datos consolidados. A pesar del retroceso, la cifra sigue siendo superior a las registradas entre 2018 y 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. De ese total, el Ejecutivo estima que se generarán 5.400 nuevos empleos netos en la Administración General del Estado (AGE).

La aprobación de esta oferta se ha producido sin el aval de los sindicatos, en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación -CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA- consideran que el número de plazas sigue siendo insuficiente para atender las necesidades reales de la administración pública. Denuncian que no se está recuperando el terreno perdido tras la Gran Recesión, cuando apenas se cubrían las jubilaciones. Por eso, hace dos semanas se cerró la negociación sin acuerdo, un escenario que recuerda al del año anterior, cuando solo UGT respaldó al Gobierno.

"La oferta no responde a lo que demanda la ciudadanía", afirmó la semana pasada Isabel Araque, responsable de Servicios Públicos de UGT, durante una concentración frente al Ministerio de Hacienda. Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, aseguró que "necesitamos una oferta que se adapte a la realidad, no una que se use como herramienta propagandística". Ambos sindicatos reunieron a unas 2.000 personas para denunciar también otros incumplimientos del Ejecutivo con respecto a los empleados públicos.

El sindicato CSIF también ha rechazado la propuesta por considerarla insuficiente. Argumenta que no compensa adecuadamente las jubilaciones ni corrige la pérdida estructural de personal que se ha producido en las últimas décadas, cifrada en 42.000 puestos en los últimos 20 años dentro de la administración estatal. Desde la CIG, el análisis es similar: "No cubre el deterioro de los servicios públicos ni se ha negociado de forma real; simplemente nos presentaron una cifra cerrada". CSIF añade que más del 50% del personal se jubilará en la próxima década, por lo que urge una planificación a medio plazo, y relaciona la reducción en la oferta con la falta de nuevos presupuestos y el bloqueo de fondos europeos.

En contraste, el Gobierno defiende que, por quinto año consecutivo, se establece un récord en cuanto a plazas de nuevo ingreso, que alcanzan las 27.697. Según el Ministerio de Función Pública, esto se traduce en 5.400 empleos netos en la AGE. El Ejecutivo asegura que se mantiene una tendencia positiva iniciada en 2021, con más incorporaciones que bajas, lo que ha contribuido a frenar el envejecimiento de las plantillas y a rejuvenecer la administración pública.

Del total, 27.697 plazas se destinan a nuevo ingreso (20.324 en la AGE) y 8.891 a promoción interna (6.565 también en la AGE). Además, se ofertan 7.373 plazas de nuevo ingreso y 2.326 de promoción interna en cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

El Ministerio también destaca que, gracias a estas incorporaciones récord, la edad media del personal público ha bajado de 51 a 49 años desde 2021. Solo en 2024, las altas duplicaron las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 trabajadores. También subraya que se han agilizado los procesos selectivos: el 93% de las convocatorias de la OEP 2024 se publicaron ese mismo año y la mayoría finalizan la fase de oposición en menos de un año. No obstante, los sindicatos siguen reclamando más agilidad en la ejecución de estos procesos.

Por otro lado, el departamento dirigido por Óscar López ha puesto el foco en reforzar los subgrupos C1 y C2, los más directamente relacionados con la atención ciudadana. De hecho, el 64% de las plazas para funcionarios de la AGE se destinan a estos grupos. Según el Ministerio, esta es la primera vez que la oferta se diseña específicamente para mejorar los servicios de atención al público y la tramitación de prestaciones. En concreto, 8.851 plazas reforzarán organismos como el SEPE, la Seguridad Social, Tráfico, Extranjería y la Agencia Tributaria. La oferta también incluye una reserva de 2.610 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 538 se destinan específicamente a personas con discapacidad intelectual.

(El País, 16-07-2025)